Desde hace años, los Centros Comerciales Urbanos afrontan serias dificultades que impiden mejorar la competitividad de sus negocios y el desarrollo económico y social de los entornos urbanos donde operan. Entre ellas podemos destacar:
- La ausencia de un marco legal que garantice la cooperación y participación de todos los sectores y agentes de la zona, así como la viabilidad y permanencia en el tiempo de los proyectos.
- Un marco de financiación basado en el voluntarismo, insuficiente y demasiado dependiente de las aportaciones públicas.
- Una gerencia “low cost” centrada en la gestión del día a día, servicios de bajo valor añadido y escasa capacidad de plantear proyectos estratégicos.
- Insuficiente nivel de representatividad en la zona de actuación, en gran parte debido al bajo nivel de asociacionismo empresarial español.
- Escasísima participación de los grandes operadores comerciales en este tipo de organizaciones y de empresas de otros sectores de actividad.
- La existencia de “free-riders”, es decir, comerciantes y empresarios que no participan en el proyecto pero sí se benefician de sus acciones y servicios.
- El carácter voluntario de la participación de la parte privada, comerciantes principalmente, provoca que no dispongan de una capacidad financiera estable. El problema del “freerider”, o lo que es lo mismo, comerciantes que sin abonar ningún tipo de cuota ni pertenecer a ninguna de las Asociaciones que participan en los partenariados público‐privados, sí se ven beneficiados por las actividades que éstos desarrollan en el centro urbano, puede provocar asimismo, la deserción dentro del grupo de participantes, con lo que la financiación se vería más perjudicada todavía.
- Dependencia casi en exclusiva de la financiación pública, por lo que sus posibilidades de supervivencia en un contexto de reducción de las ayudas públicas se vería seriamente comprometida.
